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Presentaría medida para que ningún jefe en el gabinete ejecutivo participe de actos políticos

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Roberto Prats. (GFR Media) De salir electo gobernador en el 2020, Roberto Prats presentará legislación para que ningún jefe del gabinete ejecutivo pueda participar de actos políticos.

El aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) reconoció que su propuesta emana de la controversia pública que ha causado la participación del secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, en una actividad política como parte de la campaña a la reelección del gobernador Ricardo Rosselló Nevares . El asunto es investigado por la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor Electoral, mientras que el primer ejecutivo ha dado un espaldarazo a su subordinado.

“Si a mí me eligen gobernador, yo no quiero a ningún miembro de mi gabinete y no me siento cómodo con ningún miembro de mi gabinete envuelto en la cuestión política. Al gobierno se va a servir al país, a la gente, al pueblo. El que quiera hacerlo en la política puede trabajar en un partido o puede trabajar en un cargo electivo”, dijo Prats.

Repudió que el gobernador avalara a Llerandi. Dijo que ausculta también la posibilidad de crear legislación para evitar que un contratista del gobierno haga donativos políticos.  

Recordó que mientras fue senador avaló la Ley 178 de 2001, la que prohíbe a “los secretarios de Educación, Hacienda, Justicia y al Superintendente de la Policía, participar en cualquier actividad que tenga contenido político partidista o de fórmula de estatus”. Dijo que ahora corresponde hacerle cambios al estatuto.

La propuesta de Prats forma parte de sus estrategias para combatir la corrupción.

“Como candidato del PPD no existe obligación más importante que la de expresarle al pueblo de Puerto Rico dónde yo estoy parado con los temas que están en la discusión pública del país”, dijo el aspirante.  

“Lo que estoy planteando conlleva cambios en las leyes de Puerto Rico y en actitudes y conductas de los funcionarios públicos que vienen llamados a respetar y a honrar el honor de ser un funcionario del gobierno de Puerto Rico“, agregó sobre sus propuestas anticorrupción.  

Recalcó que es el primero de los cinco aspirantes a la gobernación por el PPD que presenta sus propuestas anticorrupción.

“¿Dónde están los demás? Yo no los heescuchado. Aquí están las mías. El que tenga otras, que las presente”, reclamó.

Además de Prats, en el PPD aspiran a la gobernación el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri; el exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza; la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz y el senador Eduardo Bhatia.

El exsenador también propuso crear la Ley de Compensación a informantes de actos de corrupción. Precisó que sería una ley para compensar económicamente a toda persona que colabore con las autoridades y logre la convicción y restitución de fondos públicos. A esa persona, dijo Prats, se le pagaría con una cuarta parte de lo que se restituya al erario.

También propuso Ley de Prohibición de Contratos por Contingencia a Contratistas y Participantes de Subastas que prohibiría a todo contratista o participante en subastas públicas del gobierno el suscribir acuerdos de pagos por contingencia en la obtención de cualquier contratación, adjudicación o servicio público.

Gran jurado para Puerto Rico

Igualmente, Prats pretende reformar la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente y para ello conformó un equipo de trabajo compuesto por juristas, exjueces y abogados.

“Tiene que haber un deslinde entre la función del fiscal especial independiente y su entidad nominadora para que pueda actuar con independencia de criterio”, explicó el exsenador.

“Se analizará por un Comité Especial la posibilidad de la creación del Gran Jurado de Puerto Rico bajo la supervisión del Tribunal Supremo para atender casos de crimen organizado, corrupción pública y aquellos casos que requieran confidencialidad”.

También establecerá -por ley- un Registro Mandatorio de Cabilderos de Puerto Rico, algo que estableció en días recientes el gobernador mediante una orden ejecutiva.

“Esa no es la manera correcta de hacer esto. Eso no es suficiente”, dijo Prats al tiempo que destacó que el proyecto 808 del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez establecía este registro, peo dos años estancado en el Senado.

Preguntado si no temía que sus gestiones como cabildero afectarán su campaña, Prats sostuvo que no. Reconoció, sin embargo, que ese factor puede usarse en su contra.

Ahora bien, fue enfático en decir que mientras ha sido cabildero, “nunca he tenido un contrato en el gobierno, en un municipio y no he vivido de la política”.